Se necesita poder local organizado para liberar a los municipios de las garras de la corrupción en Chile

Parte de la dinámica de la política municipal chilena es que cada vez que un regidor pierde su reelección, nos enteramos de un déficit pronunciado en las arcas municipales. Así, hay casos de identidad de Virginia Reginato (17.500 millones) en Viña del Mar, Cathy Barrica (34.000 millones) en Maipú, Felipe Guevara (1.000 millones) en Lo Parnechia, Karen Rojo en Antofagasta, hasta el momento solo un condenado y un prófugo , actualmente detenido en Holanda, país que espera ser secuestrado. Nuevamente, el alcalde de RN, Rodolfo Carter, se encuentra actualmente bajo investigación de la Contraloría por licitaciones millonarias con balnearios y centros vacacionales.

Todos ellos se suman al último caso conocido de Raúl Torrealba en Vidacura, quien recibió sobres con dinero de su puño y letra de manos de funcionarios municipales. El cincuenta por ciento de los municipios están en proceso de investigar la posibilidad de corrupción.
Por unanimidad, el Consejo de Defensa del Estado (CTE) en su conjunto se suma como querellante en la investigación de Fiscalía Centro Norte contra Renato Sepúlveda, Domingo Brito, Antonia Lauren y otros dos, exalcalde de Vitacura y parte de su antiguo círculo de confianza. Contadores acusados ​​de emitir facturas falsas por defraudación de fondos públicos y defraudación fiscal.

Según el director ejecutivo de América Transparente, Juan José León, «Torrealba creó estas instituciones, que se constituyeron legalmente en asamblea de vecinos (organizaciones comunitarias, regionales y funcionales), legalmente sin rendir cuentas a nadie, autorizadas a comprar y operar lo que quieren. A escondidas. Por eso estamos descubriendo, Escaparon a los mecanismos de control del aparato público. Una cosa de estas estadísticas legales es que todos los años los municipios les transfieren fondos. ¿Cuánto? «1500 y 2000 millones de pesos, con Torrealpa es unos 15 mil millones». Dijeron que era ilegal. Llevamos más de un año trabajando en esto y han invertido en abogados y recursos porque algo se está tapando, son 5 mil millones cada año y no sabemos en qué se los gastan. Queremos saber quién está trabajando y quién ha sido contratado como organización. (…) “Estamos hablando de comunas de alto poder adquisitivo. En el caso de crear estos órganos “tipo consejos vecinales”, esto sólo ocurrirá en Las Condes, Vitacura y Barnechia.

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Mucho se ha hablado de los «buenos administradores» asociados con los políticos de derecha, los negocios y el mundo empresarial. Pero esta noticia ya no será noticia, es cuestión de esperar a las nuevas elecciones municipales para descubrir nuevas estafas y planes para engañar al fisco y robarle dinero a todos los chilenos. También tenemos la organización de funcionarios de la comuna de Los Condes que gastaron más de 60 millones de pesos en horas extraordinarias a través de papeletas “impropias”.

Los municipios son las verdaderas «cajas de nómina» del estado. Vastos recursos que deberían destinarse a derechos sociales como la salud, la educación, la seguridad, la vivienda o el empleo son desviados criminalmente a los bolsillos de sus ejecutivos. Además, cuenta sólo el dinero sustraído irregularmente, porque si contamos los casos “regulares” de plazas y aceras, construidas y reconstruidas cada tres años sin necesidad alguna, pero con dudosas conexiones con sus dueños. Como dice el humorista Bambo Figa, «Sospesosa la w…».

La verdad es que no hay una sola columna que pueda contener todos los ejemplos que tenemos. Por eso nos preguntamos; ¿Cómo se puede garantizar la gestión con principios éticos?
Aunque compleja, la única respuesta es el empoderamiento ciudadano, asumiendo el control soberano de la autoridad local por parte de los países vecinos. En este evento, debe nacer lo más cercano a los ciudadanos en la política, el gobierno local, la verdadera democracia, y los municipios deben convertirse en el líder de los barrios organizados contra el estado, y dejar de ser la cola del poder estatal.


Coescrito por Rubén Marcos Velásquez; Sandra Arriola Oporto; Jorge Ortíz Guerra; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Política

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