La justicia anula la dedicación exclusiva del concejal del Partido Popular Alejandro Romero

La controvertida dedicación exclusiva del concejal popular Alejandro Romero Castelany, cuya concejalía se ha destacado por la proliferación de fuentes en la ciudad, es ilegal no se ajusta a la legalidad, la justicia anula el acuerdo que se adoptó en pleno con el voto mayoritario de la derecha bejarana, la abstención de los socialistas y el voto en contra de Izquierda Unida. 



Alejandro Romero Castelani dejará de percibir su sueldo y de cotizar a la Seguridad Social. "A partir de ahora cobrará 56 € por pleno y unos 15 por comisión informativa, siempre que, claro está, no opte por cesar como concejal y recuperar su puesto de funcionario".
 

responsables regionales y locales de IU dando a conocer la sentencia del juzgado
Han sido precisamente los políticos responsables de izquierda unida los que su día llevaron a los juzgados este acuerdo plenario que se andaba con la dedicación exclusiva de Alejandro Romero Castelán y el concejal del Partido Popular. Izquierda Unida gana la batalla en los juzgados al equipo de gobierno. La juez recoge en el auto que el acuerdo aprobado por el pleno en julio de 2011 es contrario al ordenamiento jurídico, anulándolo y dejándolo sin efecto.

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Salamanca  ha fallado a en la demanda a favor de IU.. Es la tercera ocasion en lo que va de año que IU obtene una sentencia en contra del al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Béjar. En esta ocasión, el recurso contencioso administrativo que interpuso Miguel Flores en representación de Izquierda Unida, pretendía la anulación del acuerdo de Pleno de 8 de julio de 2011 por el que se reconoció al edil Alejandro Romero Castelani la dedicación exclusiva en contra de la promesa electoral de Alejo Riñones de no “liberar” a ningún concejal.

Tal y como Flores advirtiera en aquel Pleno, el acuerdo era fraudulento y contrario con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, toda vez que el acuerdo del Pleno le reconocía al edil Romero Castelani un sueldo, no en base a sus funciones y responsabilidad, sino atendiendo a lo que percibía anteriormente como funcionario del Ayuntamiento de Béjar. “Advertimos de la ilegalidad del acuerdo, les aseguramos que iríamos a Pleito y no nos hicieron ni caso. Dos años después, la justicia pone las cosas en su sitio”.

El concejal de IU, Miguel Flores fue  contundente al señalar que “la tramitación de aquel acuerdo fue escandalosa: retrasaron la exigencia de que Romero Castelani optara entre su puesto de funcionario y el de concejal, y le abonaron el sueldo de funcionario hasta que el 8 de julio se decidió darle una dedicación exclusiva”.

Flores advirtió de un hecho que el propio Juzgado ha dado por probado con contundencia (la Sentencia alude al mismo señalando que “de tan claridad no necesita más comentarios”): el salario asignado para quien ostenta un cargo en régimen de dedicación no puede anudarse al salario que anteriormente percibía quien lo ejerce en su anterior profesión sino que el sueldo ha de fijarse en base a la verdadera responsabilidad que se ejerce como cargo público.

Desde la fecha del fallo de la Sentencia, 2 de septiembre,, el acuerdo de Pleno de 8 de julio queda sin efecto y por tanto Alejandro Romero Castelani dejará de percibir su sueldo y de cotizar a la Seguridad Social. "A partir de ahora cobrará 56 € por pleno y unos 15 por comisión informativa, siempre que, claro está, no opte por cesar como concejal y recuperar su puesto de funcionario".

Izquierda Unida ha tildado la Sentencia de varapalo a Alejo Riñones y su forma de hacer política y se muestra orgullosa de ser y ejercer de tenaz, constante y vehemente oposición. “Nosotros planteamos alternativas, lo que pasa es que nos toman por el pito de un sereno. Si se burlan de nuestras propuestas no pasa nada, si en cambio se mofan de la ley, entonces nos vemos en los juzgado, y ahí solemos ganar casi siempre”.

El Ayuntamiento de Béjar tiene ahora un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a su notificación [2 de septiembre] para presentar un recurso de apelación.


Si la sentencia se convierte en firme, el edil del PP podría ser obligado a devolver el dinero percibido como concejal o a dejar su cargo y trabajar de nuevo como funcionario.

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