Ministerio de Obras Públicas y Empresas mineras, etc. Albemarle reconoce que la desalinización es fundamental para resolver las crisis de agua, especialmente en las zonas del norte.
La policía desalojó recientemente a los pescadores del área de Valparaíso, donde se planea construir la planta desalinizadora Aconcagua, valorada en mil millones de dólares. Los pescadores dijeron que la planta perturbaría el ambiente local y afectaría su negocio.
La ministra de Obras Públicas, Jéssica López, respondiendo a una pregunta de BNamericas en una conferencia organizada por el American Council, dijo que la evacuación fue correcta y que los manifestantes estaban equivocados porque se habían cumplido todos los requisitos ambientales y de participación pública.
Dijo que el propietario del proyecto, Aguas Pacífico, siguió las normas sobre participación ciudadana y que el ministerio ayudó con los beneficios sociales. “Nadie creía que fuera posible implementar un proyecto sin un trabajo intensivo con las comunidades”, dijo luego de su presentación.
López dijo a la prensa que las áreas del centro-norte son particularmente vulnerables a la escasez de agua, por lo que el ministerio quiere acelerar la concesión de desalinización para la Región de Coquimbo.
La licitación debería lanzarse en 2025, con operaciones a partir de 2028 o 2029. Mientras tanto, la sanitaria local Aguas del Valle deberá realizar obras adicionales para garantizar el suministro de agua, señaló López.
Las empresas mineras son un importante impulsor de la desalinización en Chile. Albemarle y Cramsa firmaron un acuerdo de suministro el año pasado que involucra la planta Aguas Marítimas de US$5.000 millones, que se encuentra en la fase de evaluación ambiental.
Ignacio Mehech, vicepresidente de asuntos externos y country manager para Chile de Albemarle, dijo a BNamericas en el mismo evento que la desalinización es fundamental.
«Sin agua de mar no hay crecimiento para la industria del litio en Chile», dijo, y agregó que la planta de Aguas Marítimas atenderá a muchos clientes e incluso a consumidores domésticos.
“Ese tipo de proyecto, conjunto y multipropósito, es el que creemos que se debe desarrollar. No todas las empresas pueden tener una planta desalinizadora tras otra”, dijo.
Cuando se le preguntó sobre los planes para resolver el conflicto, Mehek dijo que la planta no es propiedad de Albemarle, pero que la minera tiene una política de bienestar social.
“Tenemos una serie de compromisos voluntarios, como socializar los proyectos antes de someterlos a evaluación ambiental, para adaptar los proyectos a las observaciones e inquietudes de la comunidad. Ese estándar nos permite eliminar conflictos más adelante en el proceso de evaluación ambiental”, dijo.
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