Izquierda unida defendera mociones en defensa de la sanidad pública o sobre la recogida urgente de los residuos de Hispano Textil

Miguel Flores Concejal de Iu
El grupo de Izquierda unida defenderá mociones en defensa de la sanidad pública o sobre la recogida urgente de los residuos de Hispano Textil entre otras iniciativas municipales, en el transcurso de la próxima sesión ordinaria del pleno del ayuntameinto. Reproducimso íntegros los textos de estas mociones.

MOCION DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA

D. Miguel Flores Hernández, portavoz del Grupo municipal de IUCyL en el 
Ayuntamiento de Béjar, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCION, que tiene su 
fundamento en la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el Pleno del día 17 de mayo de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.” 
Este Real Decreto Ley ha supuesto un cambio significativo en la concepción de la atención 
sanitaria y se ha llevado a cabo sin un debate previo no solo en el Parlamento sino también con 
entidades profesionales y sociales en este campo. 
En el Capítulo I, concretamente en el artículo primero, se establecen las condiciones para 
acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en España”, unas condiciones que están en vigor desde 
el 1 de septiembre y que restringen el derecho a múltiples colectivos como: 
· Personas con nacionalidad, mayores de 26 años residentes en España que nunca han 
estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social. 
· Personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia en España y/o no 
puedan acreditar su situación de paro involuntario.
· Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de residencia en 
España. 
Para éste último colectivo, cifrado en unas 150.000 personas, el Real Decreto prevé 
únicamente la atención sanitaria de urgencias (salvo en el caso de mujeres en proceso de gestación 
y los menores) como único supuesto de asistencia médica, volviendo a una concepción restrictiva 
que no aporta valor alguno a nuestra sociedad y que se erradicó en el año 2000 con la Ley Orgánica 
de Extranjería 4/2000. 
Esta situación, supone el paso atrás mencionado y, en la práctica, además de un cambio en 
la concepción de Universalidad en el acceso a la salud pública, una vulneración del principio de 
equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país. Esta situación puede 
provocar no sólo el colapso de las zonas de urgencia de los hospitales españoles, aumentando –
paradójicamente- los costes en la atención sanitaria a la población, sino también dividir a la 
sociedad en ciudadanos de plenos derechos y no-ciudadanos o ciudadanos sin derechos. 
Asimismo, la propuesta de la atención de estas personas a través de convenios entre las 
Comunidades Autónomas y ONG sigue vulnerando la vocación de universalidad de nuestro sistema sanitario y no haría sino ahondar en la brecha arriba señalada creando sistemas de atención 
sanitarias paralelos. 
  
ACUERDOS: 
1. Desde el Ayuntamiento de Béjar manifestamos nuestra disconformidad con el 
contenido de este Real Decreto Ley. 
2. Exigir al Gobierno a que retire este Real Decreto Ley. 
3. Instar al a la Junta de Castilla y León, para que retire de su agenda política cualquier 
pretensión de avanzar en la privatización de la gestión de la sanidad pública CyL.
4. Dirigirse  a los Grupos Parlamentarios presentes en les Cortes de CyL con la finalidad 
de promover, ante el Gobierno del Estado, un PACTO POR LA SANIDAD que consolide nuestro 
Sistema Nacional de Salud y que asegure la cohesión social y la equidad para todos los 
ciudadanos. Un pacto que incluya a las fuerzas políticas, sindicales y de profesionales, a la 
industria y a los colectivos de pacientes que permita que nuestro SNS siga siendo uno de los 
mejores sistemas sanitarios del mundo. 
5. Dar traslado de los acuerdos de esta moción: 
- Al Presidente del Gobierno y Junta de Castilla y León. 
- A Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y de les Cortes de CyL 
- A la Ministra de Sanidad. .

MOCION RETIRADA RESIDUOS DE HISPANO TEXTIL


ALCALDE PRESIDENTE  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BÉJAR
MIGUEL FLORES HERNÁNDEZ, concejal-portavoz del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Béjar, ante el 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Béjar comparece y dice: 
Que en virtud de lo previsto en el artículo del artículo 97.3 del ROF, 
vengo a formular la presente Moción para su discusión por el Pleno, 
por lo que ruego de traslado de la misma a los Portavoces de los 
Grupos Municipales a fin de que en la conozcan con antelación a la 
convocatoria de la  Junta de Portavoces, previa inclusión de la 
misma en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario. 
MOCION SOBRE LA RECOGIDA URGENTE DE LOS RESIDUOS 
TOXICOS Y CANCERIGENOS DE LA ZONA INDUSTRIAL 
CONOCIDA COMO “THESA”.
ANTECEDENTES
 Como por todos los bejaranos y las bejaranas ya es sabido, en la 
zona de la antigua industria de Hispano Textil, existen acumulados 
mas de  cuatro mil metros cuadrados de cemento amianto, de 
nombre comercial “Uralita”, en forma de polvo, troceadas y rotas, 
diseminadas por toda la zona industrial.  
El cemento amianto, un producto muy utilizado a mediados del siglo 
XX, como aislante y material de cubiertas en la construcción, fue 
retirado y prohibido su uso en la década de los años 70, cuando se 
verifico su relación causa-efecto con enfermedades  del trabajo 
como la asbestosis y el cáncer de pulmón.  
Debido a los últimos informes de la Junta de Castilla y León que 
verifican la existencia de tales residuos tóxicos y cancerígenos sin 
tratar, debido a que según el propio concejal de medio ambiente del 
consistorio bejarano, ya se han comenzado los tramites 
administrativos por parte de la Junta de Castilla y León contra los 
responsables del solar, teniendo en consideración la cercanía de 
dicho solar (y por tanto de productos tóxicos y cancerígenos) a

diversas instituciones publicas (como una guardería, un colegio, un 
instituto de enseñanza secundaria), de decenas de bloques 
residenciales donde viven cientos de vecinos, decenas de negocios 
y el Rio Cuerpo de Hombre.  
Ante el riesgo real que supone para la salud publica, que dichos 
elementos se encuentren presentes en las cercanías de todos estos 
lugares descritos, se propone ante el Pleno de Béjar el siguiente 
acuerdo: 
- Instar a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Asuntos 
Sociales a que prevengan a las descritas Instituciones 
públicas, así como que este consistorio se comprometerá a 
prevenir a los vecinos de la zona. 
- Instar a la Junta de Castilla y león a que intervenga de manera 
inmediata y de carácter urgente, en la recogida selectiva de 
los productos tóxicos y cancerígenos que existen en la zona. 
- Instar a los propietarios a que se hagan cargo y 
responsabilicen de todos los cargos que la ejecución de tales 
obras ejecutadas por la Junta de Castilla y León. 
Se de conocimiento a los interesados así como a la delegación 
territorial de medio ambiente de Castilla y león, al delegado 
territorial de Castilla y León en Salamanca y a las consejerías a 
de medio ambiente y de sanidad de Castilla y León. 



MCION CONTRA LAS TASAS EN AL JUSTICIA

MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO A QUE PROMUEVA LA RETIRADA DE LA LEY 
10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS 
EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE TOXILOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. 
De acuerdo con lo previsto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales: D. Miguel Flores Hernández, portavoz del Grupo 
municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de Béjar, viene a formular para su aprobación la 
siguiente MOCION 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que 
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento, con evidente afán de ocultación a los 
ciudadanos y ciudadanas, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno 
de llevar a cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el 
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. 
La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, erradicó de 
nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos 
pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social. 
Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo  Popular, este cambio normativo 
tan radical se produce sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo 
largo de su tramitación en ambas Cámaras, extendiéndose el pago de las tasas judiciales a toda 
persona física y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y
social. 
Si bien el Tribunal Constitucional en Sentencia de fecha 16 de febrero de 2012, consideró 
constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, también 
afirmó que “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se demostrase que la cuantía 
de las tasas.../..., son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo 
obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la 
jurisprudencia expuesto en el fundamento jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe 
ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer 
el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia”. En consecuencia, la cuantía de 
las tasas no deben impedir u obstaculizar el acceso a la Justicia. 
Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de Derecho Procesal de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, decía que: “Si el legislador, mediante la imposición de tasas 
judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión de 
sus derechos pueda acudir a los tribunales a pedir protección, esto significa que ese legislador está 
favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas judiciales 
fomenta la morosidad y, en general, el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un 
sistema de tas judiciales dificulte la obtención de tutela judicial, en esa misma medida está 
beneficiando a los que incumplen sus obligaciones”.
El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del 
derecho de acceso a la Justicia, y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención 
de la tutela judicial efectiva. 
Por todo ello, el Grupo Municipal IUCyL del Ayuntamiento de Béjar, somete a votación, para su 
aprobación la siguiente:  
MOCIÓN 
• Pedir al Gobierno que promueva la retirada de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, 
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia 
y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias  Forenses, dejando sin efecto la 
misma. 
• Pedir al Gobierno que garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la 
Justicia por no poder hacer frente al pago de una tasa judicial. 
• Remitir copia de la presente moción al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del 
Gobierno de España 

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