Constitución con calculadora en mano

no hay calor

Todo tipo de reacciones han surgido desde el éxito del rechazo a la propuesta de Carta Magna que salió de la Convención Constituyente. Los más resistentes al cambio sienten que este juicio popular quiere dar vigencia al orden institucional derivado de la dictadura, con las modificaciones habituales reconocidas durante la transición. Para los más optimistas, el rechazo fue un hito necesario para impulsar un nuevo intento de entregar una nueva constitución.

Quienes tienen fe en el nuevo proceso constitucional creen que los resultados del referéndum de salida pueden explicarse por el rechazo de los ciudadanos a la administración del presidente Borić más que por el rechazo de los ciudadanos al texto propuesto. Las encuestas apuntan principalmente a la fuerte caída del apoyo popular del presidente. De esta manera, apelan a las promesas hechas por los propios opositores de derecha sobre la necesidad de una nueva constitución, pero solo si surge de un proceso diferente a la constitución anterior. Una promesa que sabemos está dirigida a captar los votos de quienes están insatisfechos con la forma en que se hacen las cosas, pero aún creen en la necesidad de un cambio institucional.

Lo que suceda al respecto está ahora en manos de la clase política, de los líderes de los partidos y de sus negociaciones en La Moneda y el Parlamento. El proceso abandonado tuvo el mérito de estar en manos de una circunscripción elegida por el pueblo y muchas veces declarándose independiente. Lo único bueno de esta experiencia es la ausencia de injerencia de los partidos y de los poderes del Estado, aunque sabemos que eso no evitó una serie de escándalos y rencillas que deshonraron a la Convención Constituyente. El texto integral propuesto sin duda fue difícil de integrar entre el público, además de generar dudas sobre algunos de los cambios propuestos, lo que habría representado una profunda reestructuración legal e institucional.

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Nadie puede negar la inequidad en el gasto publicitario de quienes piden aprobación o rechazo. Según estadísticas del Servicio Electoral, los que se oponían al texto tenían siete veces más recursos que los que tenían mucha confianza en que el país aprobaría el texto. Expresó una demanda urgente de una nueva constitución. Estas fuentes, por ejemplo en los medios de comunicación y las campañas callejeras, indudablemente influyeron en los resultados del referéndum Leave. Después de todo, cinco millones de nuevos votantes participaron en las elecciones.

Ahora estamos esperando varios meses para que las bancadas legislativas definan el nuevo itinerario constitucional. En el Congreso Nacional se ha desatado una verdadera trifulca política que difícilmente culminará en un acuerdo justo sobre qué organismo elabora el nuevo proyecto que será presentado a la ciudadanía. Si insiste en una convención constitucional o le da otro nombre.

Lo único compartido por todos los sectores es que insistir en una nueva Asamblea Constituyente plurinominal es desmesurado y tardará muchos meses en cumplir su mandato. Más aún considerando los enormes recursos que el gobierno ha invertido en tal fracaso. Se supone ampliamente que esta nueva institución debería ser igualitaria, pero existen marcadas diferencias entre quienes quieren que sus miembros sean elegidos únicamente por voto democrático y quienes quieren asegurar la existencia de algunos miembros «designados». Una opción que da a las partes la oportunidad de negociar en presencia de los llamados «expertos» que, al mismo tiempo, representan los intereses y posiciones de las personas que los nominan. Ahora uno que parece más importante: asegura que los contratos se estructuren dentro de los llamados “límites”, que no son más que restricciones y condicionantes para asegurar una cierta continuidad en nuestro orden institucional. Por ejemplo, no hay riesgo de que nuevas circunscripciones determinen la facilidad para definir una nueva Carta Magna convocando a un nuevo gobierno y elecciones legislativas.

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Si bien todos declararon que se debe asegurar la presencia de los pueblos indígenas en esta nueva iniciativa, nadie tenía claro cómo serían seleccionados para asegurar su plena representación, lo que no se logró en la ahora disuelta convención. No hay certeza de que un sistema electoral que realmente impida la plena representación de las distintas circunscripciones y distritos del país resulte en electores debido al «sesgo positivo» que la ley actual favorece a las zonas menos pobladas. que otros.

Hay muchas dudas y carencias, pero lo peor es que los legisladores se debaten con calculadoras electorales en la mano. Ciertamente no se trata de aceptar las características de la distribución regional de nuestra población, su diversidad, creencias e intereses, y una práctica que termina en la mejor selección de hombres y mujeres. En estos intensos y acalorados debates no hubo propuestas ideológicas que contribuyeran a acordar los pilares y contenidos más concretos de una futura Carta Magna.

Todos los partidos ahora, digamos sin excepción, esperan que sus electores estén lo mejor representados posible, para que esto facilite más tarde la práctica de la conocida «política de los tratados». No debe permitirse que la elección de representantes de varias organizaciones sociales o independientes interfiera con las negociaciones de clase política o casta. A pesar de las diferencias entre sus miembros, entiende que el país no debe renunciar a la limitada democracia que prevaleció durante más de 30 años de régimen autoritario.

También aceptamos la idea de que los partidos políticos son fundamentales para el proceso democrático, pero no podemos dejar de señalar que en Chile las milicias representan apenas el 10 por ciento de la población. La razón principal de esto son sus malos hábitos y la decepción generalizada entre quienes los siguen. Muchos tememos que después de tantas decepciones y postergaciones, los chilenos finalmente pierdan interés en una nueva Carta Magna. Entonces, algunos sugieren que consultemos a la gente nuevamente sobre sus verdaderas actitudes hacia una nueva Carta Magna, esta vez con la esperanza de que la mayoría no esté demasiado de acuerdo en repetir un proceso de bloque como el que ya tuvimos. Sobre todo cuando vemos a la clase política repitiendo sus vicios y malas costumbres.

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