PODEMOS denuncia el agravio comparativo que padecen algunos trabajadores de la Universidad de Salamanca

Muchos de estos trabajadores, en la actualidad, se encuentran fuera de la Universidad e incluso emigrados a otros países por falta de oportunidades en el nuestro, lo que agrava la situación de desamparo en la defensa de sus derechos.



Algunos trabajadores de la Universidad de Salamanca pertenecientes al colectivo de Personal Investigador en Formación (PIF) y al de personal sin vinculación permanente a cargo de proyectos de investigación financiados por entidades públicas o privadas dependientes de la Consejería de Educación, se han reunido con la procuradora de PODEMOS por Salamanca, Isabel Muñoz, para transmitirle su malestar por el agravio comparativo que sufren al no haberles sido devuelta, como al resto de trabajadores de la institución académica, la paga extraordinaria de Navidad suprimida por el Gobierno en el año 2012. Este colectivo tampoco ha recibido el importe correspondiente de los 44 días devengados.

Estos investigadores no encuentran explicación al acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Junta de Castilla y León el pasado 25 de noviembre para devolver la paga extraordinaria a los empleados públicos de esta Comunidad Autónoma y que dejó fuera a este colectivo de trabajadores, el que padece mayor precarización y la más baja remuneración dentro de la comunidad universitaria.

Ante la falta de sensibilidad de la Junta de Castilla y León, ya que el Consejero de Educación ni siquiera se han dignado a contestar el escrito que estos trabajadores le enviaron el 15 de diciembre, la procuradora ha prometido llevar el asunto a las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta a que solucione lo antes posible esta injusta e ilegal situación.

Una situación que, por otra parte, no hace más que evidenciar la pésima realidad de los investigadores en nuestra comunidad autónoma y cuál es el modelo económico y productivo del Partido Popular. Los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2016 así lo ratifican: 8 millones de euros menos para la investigación, el desarrollo y la innovación.

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