El PSOE exige a la Junta actuaciones para pedir la derogación de la norma del ibérico aprobada por el gobierno.

Los socialistas presenta una proposición no de ley que será debatida en la Cortes mañana miércoles en la que se insta a la Junta a exigir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la derogación del Real Decreto 4/2014 de 10 de enero, o en su caso aquellos aspectos del mismo que perjudican notablemente al sector del ibérico de Castilla y León. 


cuchillo cortando jamon


En la Comunidad hay 352 empresas transformadoras en este sector, de las cuales el 80 % están en la provincia de Salamanca. Este conjunto de sociedades tiene una facturación de 600 millones de euros con un total de 15.000 empleos, la mitad son directos y el resto indirectos. De este montante el 80 %, unos 5.000 empleados operan en Salamanca con Guijuelo y su comarca como centro neurálgico. 


El Procurador del PSOE por Salamanca, Juan Luis Cepa, defenderá mañana miércoles en la Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la que se insta a la Junta a exigir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la derogación del Real Decreto 4/2014 de 10 de enero, o en su caso aquellos aspectos del mismo que perjudican notablemente al sector del ibérico de Castilla y León.

Los socialistas consideran que la norma aprobada por el Gobierno de España de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, o lo que es lo mismo, la nueva norma que regula todo el proceso relativo al cerdo ibérico, desde la cría, hasta la venta de los productos derivados del mismo, pasando por la pura transformación, no favorece, en ningún caso, los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este sector en Castilla y León, sino más bien todo lo contrario.





Esta modificación de la norma perjudica al sector en Castilla y León fundamentalmente porque los cerdos ibéricos de bellota que no tengan el 100 % de pureza racial perderán su posición en el mercado como consecuencia de la bajada de precios.

Además ha de hacerse un "ejercicio pedagógico" de interpretación y adaptación de esta norma por parte de todas las partes implicadas, las empresas, los distribuidores y los propietarios de los puntos de venta para que el contenido de la misma pueda ser transmitido y llegue de forma clara a los consumidores, y que sean capaces de interpretar la extravagante decisión de determinar con colorines la pureza racial del animal, y que en ocasiones difiere o no se corresponde con la calidad óptima del producto.

Es indudable, mantiene el PSOE, y a nadie se le escapa, que la obligada adaptación a la nueva normativa, pese a que exista un tiempo de cadencia de tres años, traerá una serie de sobrecostes en la explotación y la producción como consecuencia de las exigencias del nuevo etiquetado en su amplio espectro que sin duda alguna encarecerá el precio final del producto, y por tanto, dificultades para su venta. 

La realidad del sector en Castilla y León es variopinta, pero lo que sin duda es cierto es que la nueva normativa va a suponer una clara merma en el empleo. En estos momentos hay 352 empresas transformadoras en la región, de las cuales el 80 % están en la provincia de Salamanca. Este conjunto de sociedades tiene una facturación de 600 millones de euros con un total de 15.000 empleos, la mitad son directos y el resto indirectos. De este montante el 80 %, unos 5.000 empleados operan en Salamanca con Guijuelo y su comarca como centro neurálgico. Motivos todos ellos, a juicio de los socialistas, más que suficientes para que la Junta vele por la viabilidad del sector y su mantenimiento.

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